Creen que se recoge una "prestación patrimonial" en vez de un impuesto temporal, para reducir el riesgo en tribunales

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que la proposición de ley que han registrado PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para crear los dos nuevos gravámenes a la banca y a las empresas energéticas necesitará una mejora en el trámite parlamentario para beneficiar a las compañías que mejor se comporten con los precios que facturan a los ciudadanos, así como para concretar los años que se tendrán en cuenta para determinar las empresas obligadas al pago de esa prestación patrimonial.

Tal como está redactada la proposición de ley, los técnicos piensan que esta prestación patrimonial no afectará a los beneficios extraordinarios a los que se refirió Pedro Sánchez cuando los anunció durante el Debate sobre el Estado de la Nación, sino que recaerá sobre las empresas energéticas con mayor volumen de ventas y sobre los bancos con mayor margen neto de intereses y comisiones, aunque esas compañías puedan ser las más responsables e impongan un menor precio que la competencia.

"Paradójicamente, ese menor precio las llevaría a aumentar su cuota de mercado, por lo que tendrían que pagar una mayor cantidad", han señalado a través de un comunicado.

En este sentido, a los técnicos de Hacienda les parecería más adecuado establecer los gravámenes por la mayor diferencia "unitaria" entre los beneficios obtenidos en 2022 y 2023 sobre los logrados en 2019 por esas entidades; es decir, ajustando los volúmenes de facturación por los megavatios/hora o toneladas de hidrocarburos vendidos en cada año, o los márgenes netos por las partidas del activo de los bancos de las que se obtienen.

Gestha ha apuntado que otra cuestión importante es que esta proposición de ley debe aprobarse antes de que concluya el año para evitar la tacha de retroactividad.

En cualquier caso, Gestha ha remarcado que se ha optado por establecer una "prestación patrimonial" para simplificar el debate parlamentario y reducir el riesgo en los Tribunales, en vez aprobar un impuesto temporal como se hizo con el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como la tasa Google.

Por otra parte, Gestha no cree que las compañías afectadas vayan a repercutir los impuestos a sus clientes, ya que se enfrentan a la supervisión de la CNMC y del Banco de España, y esa práctica ilícita les supondría un aumento de la cifra de ventas o de los márgenes netos pagando una mayor prestación patrimonial en 2023, y correrían el riesgo de figurar entre los mayores pagadores de la prestación patrimonial.

Esto dañaría significativamente su imagen ante los ciudadanos, según los técnico, aumentado además por el estigma de que se conozca que han cometido una infracción muy grave y por ser sancionadas con multas del 150% del importe que trasladen.