La forma sospechosa en la que un supuesto empresario retiraba dinero durante una hora todos los días en un cajero automático permitió desarrollar una operación de la Policía Nacional con 125 detenidos por un fraude con epicentro en Elche, pero extendido a toda España, para defraudar en la regularización de migrantes y a la Seguridad Social, usando para ellos criptomonedas.

La organización, según ha explicado mandos policiales, llegó a operar con una treintena de empresas a las que asignaba testaferros y que servían para ocultar un entramado para regularizar migrantes y defraudar a la Seguridad Social, todo ello teniendo como domicilio social a un prostíbulo que resultó ser propiedad del considerado como cabecilla de la red.

Se han practicado 12 registros domiciliarios en los que se han intervenido 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de minado de criptomonedas y 112.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilícita.

La investigación se inició en octubre de 2020 cuando se tuvo conocimiento que un supuesto empresario podría estar cometiendo diferentes delitos como estafas, falsedades documentales y blanqueo de capitales con la presunta colaboración de un despacho de abogados.

Los investigadores comprobaron que las empresas a las que se encontraba vinculado como apoderado o administrador, no tenían forma de ser localizadas ni física ni virtualmente, descubriendo después que su sede remitía a un prostíbulo propiedad del responsable de la presunta red criminal.

En concreto, se dedicaban a la creación de empresas ficticias con un doble objetivo: confeccionar facturas falsas a empresas, que eran utilizadas para llevar a cabo diferentes fraudes a la hacienda pública, y para regularizar migrantes de manera fraudulenta. Además, contaban para ello con un 'topo' dentro de la Administración General del Estado que les alertaba de las posibles investigaciones.

Las empresas ficticias facilitaban a los migrantes tanto documentación como contratos y ofertas de trabajo, a cambio de una deuda de entre 3.000 y 6.000 euros. También realizaban trámites de obtención o renovación de permisos de residencia. Además emplearon una de las empresas ficticias para obtener un crédito del ICO de manera fraudulenta y con la connivencia de empleados de una entidad financiera, que no iban a devolver.